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LAS CONSIDERACIONES DE LA PROTESTA SOCIAL COMO DERECHO HUMANO Y LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETARLO

  por Afra Valeria Dueñas Rodríguez

La protesta social es un derecho humano que tiende a ser criminalizado, tanto en su ejercicio individual y colectivo, su reconocimiento y ejercicio pleno podría traer consigo beneficios sociales para la construcción de la paz social, así como diversificar los canales de la participación ciudadana, para ello es necesario que el Estado cumpla su obligación de respetarla evitando tres cuestiones: obstaculización, represión e impunidad.

Giles Harrison, Los Ángeles, 2020

(https://www.shutterstock.com/blog/photographers-documenting-black-lives-matter-protests)

 

 

Introducción
 

Durante mucho tiempo las víctimas eran consideradas solo como testigos del delito, sujetos pasivos cuyo nombre no se conocía o no era importante conocer su historia de vida o consecuencias que el delito le trajo en su vida, pues su valía radicaba en que era una prueba de que el hecho presuntamente delictivo ocurrió. Sin embargo, conforme se fue centrando la visión en la dignidad humana como principio y fin de toda la estructura social, así como de las instituciones creadas para proveer lo necesario para su desarrollo y dinámica, la víctima fue posicionándose en la esfera pública, dejando de ser un elemento del tipo penal para ser una persona cuyos derechos han sido vulnerados que requiere acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Aunado a lo anterior, en el aspecto teórico también se ha dado un cambio de paradigma al respecto, tenemos que ciencias cuyo objeto de estudio es precisamente las normas, conductas antisociales, dinámica social, etc., han tenido una ampliación en la perspectiva de ello, por ejemplo, en el derecho se ha ampliado la concepción de delitos a vulneración de derechos humanos, en la criminología la víctima ya no es un medio para obtener información respecto al victimario y la criminodinámica, además, socialmente se replanteó la dinámica social tomando en cuenta a grupos vulnerables a través de la interseccionalidad. Incluso se abrió camino una ciencia que tiene como objeto de estudio precisamente a las víctimas siendo un fin en sí mismas, la victimología, esta era considerada como una rama de estudio de la criminología, sin embargo, ha ido tomando forma y plantándose con más fuerza para ser aplicada en el sistema de justicia.

La aplicación de la victimología se ve con mayor claridad cada vez que se crean instrumentos jurídicos y protocolos en la materia, pues se considera la perspectiva de las víctimas, ampliando conceptos como justicia restaurativa, reparación del daño, acceso a la justicia y la revictimización, que enfoca dichas cuestiones más allá una mera función del Estado, es decir, como un derecho humano de las víctimas.

Precisamente la justicia transicional es también un reflejo de cómo la perspectiva en la víctima también permea en la cuestión del victimario, enfocándose precisamente en que el sistema pueda centrarse en la necesidad de la víctima y no tanto en considerar que el castigo o la reacción penal sean fundamentales para el bienestar de la persona.

Las víctimas son parte visible de nuestra sociedad, ese es el mensaje que los grupos dedicados a la protección y lucha por los derechos humanos han implantado, lo que conllevó a que se realizaran una serie de modificaciones en nuestro bloque constitucional y normas, que mencionaré en el apartado siguiente, con el fin de lograr no solo el reconocimiento de las víctimas, sino el crear mecanismos que garanticen el acceso a sus derechos y la no revictimización por parte del ente obligado a protegerlas, el Estado.

Sin embargo, a pesar de este avance en el cambio de paradigma respecto a las víctimas, tenemos que aún no se logra por completo que las víctimas tengan la certeza de la garantía de sus derechos, contamos con una serie de ajustes jurídicos pero la materialización de lo establecido en papel no se ha concretado del todo, por el contrario, se aumenta la victimización pues no solo las personas pasan por el daño del delito en sí, su vulneración se agudiza al no tener la atención ni justicia que debería ser fundamental.

Lo anterior trae consigo no solo la sensación de incertidumbre e injustica de la víctima, también impacta a la sociedad, pues la dinámica social lleva consigo, si no una empatía, un reflejo que las personas hacen en la víctima y sienten suya la condición de ésta. Entonces la víctima ya no solo es quien sufre directamente el delito, es toda la comunidad que acoge a la víctima y pretende protegerla frente a la ausencia del Estado ante su deber. Esto último tiene una importancia esencial pues, además de que sirve de base para el tema que desarrollaré, da a la sociedad el motivo para llevar de la esfera privada a la pública no solo a la víctima, sino a su condición de revictimización ante la vulneración de derechos como el acceso a la justica, la reparación del daño y el derecho a la verdad, que también es un derecho colectivo. Es decir, si la víctima, a consecuencia de los estragos del delito, se encuentra en un estado de indefensión e imposibilidad de hacer notar la incapacidad del Estado, la colectividad sí puede hacerlo a través de la manifestación social.

La manifestación social, a pesar de ser una herramienta crucial para la sociedad como forma de comunicación, ha sido criminalizada y controlada mediante esfuerzos que, más que regularla, pretende que el Estado tenga también una injerencia en ella. Claramente, se le ha reconocido que esto, además de ser contrario a un Estado Democrático, es una forma más de revictimización y una prueba de que el Estado, a través de sus instituciones, solo multiplica la violencia con su reacción y opresión.

Con base en lo anterior, se abordará la importancia de que la manifestación social sea visibilizada como un Derecho humano y, por lo tanto, que toda acción en contra de ello es una violación a dicho derecho. Además, al abordar desde esta perspectiva el tema, podemos encontrar que, de la manifestación social como derecho, pueden surgir líneas de mejora enfocadas a fortalecer la gobernanza y los mecanismos de participación ciudadana, así como democratizar la comunicación entre gobierno y ciudadanía.

 

La manifestación social en el marco de los derechos humanos
 

Con el fin de llegar a conocer las consideraciones positivas y negativas sobre el tema en cuestión, es necesario analizar los conceptos que se involucran en este análisis. Primeramente, es necesario entender lo que un Derecho Humano es, si nos centramos en que la Organización de las Naciones Unidas, es un ente reconocido internacionalmente respecto a los derechos de toda la humanidad, podemos considerar como "universal", hasta cierto punto y siendo optimistas, la definición que propone sobre el tema, sobre todo en su énfasis en la inherencia de estos, dándole un sentido humano per se y no algo que el Estado otorga, además de delimitar el poder de este "… y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos (Unión Interparlamentaria, 2016)".

Evitando el debate sobre concepto y concepciones de los derechos humanos, pues para efectos de este ensayo no es necesario profundizar en la cuestión, abordaré lo expuesto por Nikkel (1998) sobre lo útil que es analizar los elementos de su definición para una aproximación en el tema, sobre todo en su segundo elemento que considera a los derechos como afirmación frente al poder político, dando a al Estado obligaciones y haciéndolo responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, y, según el autor, en un sentido estricto solo el Estado podría violentarlos a partir de este supuesto de incumplir sus obligaciones ante éstos.

En este sentido, no solo se debe analizar a los derechos humanos en lo individual, pues precisamente su ejercicio en diversos ámbitos y modalidades depende en la medida en que todas  las personas de la sociedad lo consigan, lo que nos lleva a los derechos colectivos, identificados con mayor claridad en problemáticas como la pobreza, marginación, desigualdad, o la vulneración de derechos como el medio ambiente, al agua, incluso en aquellas situaciones donde se encuentran latentes, como el acceso a la verdad.

Sin embargo, hay un derecho colectivo que aun no tiene el reconocimiento como tal suficiente, mucho menos la implicación que tiene con otros, el derecho de protesta es precisamente aquel que puede ejercerse de manera individual pero que al hacerlo en la colectividad retoma una perspectiva más amplia y una fuerza imparable.

Plantearnos qué es en sí la protesta social es el primer paso para entenderla como un derecho, por ello es que utilizaremos el concepto dado por la CIDH (2019), que la define como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación" además de enfatizar su carácter e importancia para la existencia y consolidación de sociedades en un marco de la democracia.

De igual manera, la protesta como derecho, atendiendo al principio de interdependencia, se vincula con otros más, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación, debido no solo a su naturaleza, sino a que el primero concentra las perspectivas individuales y colectivas, que son el combustible de la protesta, mientras que el segundo se vuelve su motor. Además de que, desde la interdependencia enfocada a estos derechos, ayudará precisamente a la generación de políticas públicas que les contemplen integralmente.

El derecho a la protesta social se relaciona como una herramienta para hacer visibles las violaciones a derechos humanos, además de hacer del conocimiento del Estado la inconformidad respecto a una problemática social y la falta de gestión ante ella, ya que las formas primarias de democracia como el voto o la demanda social por medios jurídicos, no han sido útiles o atendidas por parte de las autoridades correspondientes o, en el peor de los casos, no se cumplen con las líneas de gobierno acordadas con la ciudadanía con anterioridad.

Por lo tanto, la manifestación es una forma eficiente de hacer notar las necesidades de toda la sociedad y las de ciertos grupos sociales, así como el incumplimiento de las obligaciones del Estado para satisfacerlas, pero también es un reflejo y una dinámica que fortalece la cohesión social porque no precisamente las personas se unen por ser víctimas, directas o indirectas, del delito, el móvil de la protesta social puede nacer en la empatía y una estructura social que vive en una conciencia colectiva desde su diversidad. Es decir, la protesta social tiene un elemento en la psicología social que fortalece aquellos factores de protección y fortalece el tejido social para una cohesión social profunda.

 

Elementos psicosociales de la protesta social

 

La protesta social no es solo un cuerpo en movimiento y voz que busca la reivindicación de grupos sociales y la demanda de respuestas ante problemáticas sociales, también tiene un corazón y esencia que la motivan a trabajar por su objetivo. Esta esencia es resultado de la suma de cada motivación y perspectivas que forman el grupo de la protesta, que se adhieren hasta conforman una mezcla homogénea que le da visión y dirección al movimiento. Además, dota de habilidades sociales a sus participantes, quienes se auto perciben como parte de un todo que puede mejorar en la medida que se plantean nuevas posibilidades desde lo individual.

Al respecto, es oportuno mencionar el estudio realizado por Jiménez, Páez y Javaloy (2005), en el que recolectan experiencias de interacción social de las personas que participaron en las manifestaciones después del atentado del 11 de marzo en la red de trenes Cercanías de Madrid, llevados a cabo por un grupo terrorista de tipo yihadista en el 2004, que tuvo cerca de doscientas personas fallecidas y aproximadamente dos mil heridas.

En dicho análisis se hace énfasis en que las personas que presentan una postura favorable ante la movilización social son quienes presentan una mayor identificación colectiva, cuestión esencial para el ejercicio de la protesta social. Asimismo, la identificación con el grupo permite compartir la sensación de injusticia social, lo que motiva la conducta colectiva que normalmente visualiza a un ente contrario a la causa, que puede ser a quien se le atribuye la causa o impide la solución.

De igual manera, la movilización es el resultado de un conflicto político, que permite expresar y reafirmar las creencias sociales que algún evento traumático a nivel social genera el replantear lo que es esencial para la sociedad, es como si la herida psicosocial lograra, si no sanar la herida, el permitir afrontarla y restaurarla mediante la manifestación social, entonces, como sugieren los autores, es de suma importancia la participación directa en rituales de este tipo para reforzar la identidad y cohesión social.

Ixchel Cisneros Soltero, Muro Palacio Nacional 8M, 2021

(https://twitter.com/Chelawuera/status/1368742952273649669/photo/1)

 

Además, los resultados de la investigación asocian que en este contexto la manifestación tiene una vinculación entre elementos expresivos con conductas que sirven como instrumentales políticos, pues en la misma medida se considera la protesta y el votar. Aunado a esto, precisamente el formar parte de una esfera púbica como personas es esencial, por lo que las personas que se involucran en la protesta se encuentran más activas en cuanto a la participación ciudadana se refiere, es decir, no solo se integran a protestas, también buscan participar en espacios democráticos y de gran injerencia social.

Esto conlleva a una reflexión más, el papel importante que juegan las juventudes en las movilizaciones de este tipo, si analizamos, gran parte de las personas que se unen a protestas son jóvenes y mujeres, esto nos habla de que el motor de una sociedad, como aseguran algunas personas, son las juventudes. Sin embargo, a veces pasa desapercibido que un grupo social (jóvenes), que en el caso de nuestro país es el rango de edad con más porcentaje de población, lo que conlleva a cometer el error de no conocer más acerca de la problemática social y cómo es vivida desde sus perspectivas, pero, sobre todo, el aprovechar esta consciencia colectiva en las juventudes y potencializarla a la concreción de la paz social y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

 

Canales digitales de la protesta social
 

Una prueba de que la movilización social tiene como clave la participación juvenil, es precisamente los logros respecto a políticas públicas sobre violencia de género, o las desapariciones forzadas, así mismo, si miramos en la historia, entenderemos que movimientos que marcaron nuestro rumbo como humanidad fueron promovidos y llevados a cabo por juventudes, la Revolución Francesa, Sufragistas, fin de la Guerra de Vietnam, fin al Apartheid, paro a la represión militar del movimiento armado Zapatista, Black Lives Matter, entre muchos otros.

Otro aspecto para resaltar relacionado con la protesta juvenil son los medios de los cuales se valen para lograrlo, precisamente en la actualidad son los medios digitales los que, a pesar de ser motivo de desinformación y amarillismo en contra de la protesta, también han servido eficazmente a la causa colectiva en algunos países.

Un ejemplo reciente del poder de las juventudes y las redes sociales digitales unificadas con fines de protesta social es la "Revolución de los Paraguas" de 2014 en Hong Kong, que tuvo por objetivo el evitar la reforma electoral que pretendía limitar la democracia y promover el "voto universal". Esta protesta sirvió como referente para las manifestaciones que exigían la retirada del proyecto de ley de extradición a China presentado por el gobierno de Carrie Lam, Jefa Executiva de Hong Kong en 2019. Esta movilización tuvo su inicio en las universidades y fue tornando fuerza a través de movimientos estudiantiles en colaboración con docentes y la suma de personas externas a ellas, durante el proceso hubo una fuerte represión hacia el movimiento, lo que conllevó al recurso de la tecnología digital para ello, pues en gran parte las medidas de coerción se enfocaban en prohibir la reunión y organización social, lo que es una clara violación al derecho de libertad de asociación.

Lam Yik Fei, Hong Kong, 2019

(https://www.nytimes.com/2019/08/28/world/asia/hong-kong-protest-photos.html)

 

A pesar de que trataron de eliminar los canales de comunicación y evitar la organización, las personas en el movimiento encontraron otros medios para hacerlo mediante las redes sociales digitales e incluso aplicaciones móviles destinadas a servicios y comercio en línea, donde se compartía información oculta en la red sobre futuras reuniones o protestas, teniendo en cuenta que la fuerza de la protesta social es la capacidad de convocatoria y participación social.

Incluso a partir de este movimiento surgió un concepto que evoca este sentido de que los medios digitales y de comunicación pueden favorecer a la democracia, el "nacionalismo digital" y su nacimiento también marca una nueva etapa respecto a la protesta social, aunque no se tiene un concepto bien desarrollado o definido, es claro que se sobreentiende que tiene dos elementos fundamentales, uno es el nacionalismo entendido como la legitimidad de lo político a partir de la autodeterminación de una nación y la permeación de esta en los medios de control social formal mediante la democracia, por otra parte, el que este propósito puede tener diversas formas de materializarse, siendo una de ellas las tecnologías de comunicación e información, específicamente los medios digitales que están al alcance de las personas creados para fines comerciales.

Resulta pertinente señalar que dichos productos tecnológicos digitales fueron creados desde una perspectiva económica teniendo al ser humano como un objeto capitalizable, se hace creer a las personas que son las usuarias de las redes y aparatos digitales, sin embargo, está más que comprobado que son un medio de explotación y control, por lo que es importante la trascendencia que, con fines de protesta digital, el ser humano puede por fin cambiar papeles y tener control de los mecanismos que fueron creados a costa suya. Tema que merece la reflexión y análisis profundo, para fines de este trabajo basta mencionar en su relieve para ahondar en la importancia de la protesta social como un derecho y la obligación del Estado ante el respeto y garantía de su ejercicio.

Regresando al nacionalismo digital, Schneider lo define como "…un proceso en el que los algoritmos reproducen e imponen el tipo de sesgos que llevan a la gente a ver la nación como un elemento importante de su identidad personal y como el locus principal de la acción política (Frenkiel, 2019) ", cuya interpretación libre nuestra sería que se humaniza lo digital en la medida que se materializa la legitimidad y la inclusión de la sociedad en ella.

Al respecto, Lanuza (2013), hace un análisis sobre la relación que guarda la democracia representativa con las tecnologías de información y comunicación (TIC), haciendo énfasis en que las TIC si bien por sí mismas no son la democracia, sí pueden ser un medio para materializarse. No obstante, para que la digitalización pueda ser un medio favorable para la democracia resulta necesaria la diversidad e inclusión de las personas que deben ser representadas, y ese es el verdadero reto de la protesta social, el lograr que su espectro llegue hasta los grupos marginados de la sociedad.

 

Retos de la protesta social digital
 

Un problema de la digitalización es precisamente que puede llegar a muchos lugares siempre y cuando exista la tecnología suficiente para ello, incluso, puedo asegurar que la protesta social puede llegar a más lugares mediante canales digitales, pero eso limita la participación de más personas en la protesta social.

Es inevitable pensar en que no puede optarse por usar internet o no en un mundo globalizado, sobre todo porque muchos de los derechos que la sociedad tiene son concretados mediante estos medios y más en situaciones extraordinarias como la pandemia por la COVID-19, que limita el espacio público y nos orilla al aislamiento. Ejemplos de tales derechos van desde la educación, el acceso a la información, tramites y servicios que requiere el ejercicio de derechos civiles y sociales, a la salud mental, incluso al libre desarrollo de la personalidad y a la familia.

Así, el éxito de la protesta social, en o con ayuda de medios digitales, es inversamente proporcional a la brecha tecnológica y digital. Bajo este supuesto, me atrevo a asumir que gran parte del éxito del nacionalismo digital en Hong Kong es gracias a que la brecha de desigualdad respecto a los medios tecnológicos y digitales no es tan profunda, pues, según cifras del Banco Mundial (2019), el 92% de la población de Hong Kong usa internet, mientras que en México el porcentaje de personas usuarias es de 70%.

Si nos adentramos un poco en el tema, nos daremos cuenta que en esta modalidad de la protesta social, también se vincula con el derecho al acceso a las tecnologías digitales y telecomunicaciones, traduciendo que la brecha tecnológica y digital no solo es un obstáculo para el derecho a la protesta digital y el derecho a la información, es un signo de la falta de acceso a otro derecho que, si bien de primera vista no pareciera serlo, es trascendental para la modalidad actual en la que se desarrolla la estructura e interacción social. En este tenor, la protesta social y su modalidad digital deben considerar dos cuestiones, que Lanuza (2013) puntualiza como recomendación, una es que la ciudadanía se involucre en la búsqueda de canales de participación y la otra es que las instituciones implementen mecanismos que favorezcan la integración de la sociedad en estos canales.

Esto hace regresar al análisis de la manifestación social como derecho humano, pues es un medio que la ciudadanía utiliza para participar en la esfera política y, en consecuencia, el Estado debe proveer que este canal no sea obstruido y además garantice la inclusión de la sociedad en su ejercicio.

 

Reacción y represión del ejecutivo
 

Una vez profundizado en la protesta social, sus elementos y medios para su ejercicio, tornaremos a la contraparte (si se quiere llamar así), es decir, de lo que su garantía implica y cómo es el papel Estado y su obligación ante ésta. Pero antes de abordar sus implicaciones como tal, es preciso señalar el porqué de dicha función.

En nuestro país, como Estado Democrático de Derecho, contamos con principios que rigen la Constitución, entre ellos la dignidad humana como principio y fin, así como el reconocimiento de que toda persona es un fin en sí misma. Por tanto, nuestros medios de control formal, que jurídicamente entendemos como fuentes formales del derecho, pretenden materializar estos principios para lograr el objetivo que toda sociedad democrática busca: la paz social. Pero como todas las cuestiones teóricas perfectibles, en la práctica de dichos principios existe una distorsión que atiende a intereses distintos a los establecidos, estas rutas alternas a veces son orquestadas por grupos de poder económico y político que buscan fines lejanos a la democracia y colectividad, usando los mecanismos que deberían proteger y garantizar a la sociedad, en contra de ella.

México, a través de su Constitución Política, reconoce que todas las personas gozaremos de todos los Derechos Humanos, además de que debemos tener la garantía de su ejercicio, pero también que estos se suspenderán en los términos de se establezcan en la misma, lo cual es un arma de doble filo, debido a que abre un canal para que los grupos de poder lo utilicen más como una herramienta a su favor que de la sociedad. Del mismo modo, se establece que “todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad", pero ¿qué quiere decir esto concretamente?

 

Obligaciones del Estado
 

Dentro de esta manifestación escrita respecto a los Derechos Humanos para nuestro país, encontramos las obligaciones del Estado y los principios que le son obligatorios para cumplir con su deber. Así, tenemos las obligaciones concretas del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar deben traducirse en la administración pública, las instituciones y funciones de ella, pues no basta las cuestiones de jure si no podemos verlas de facto.

Pareciera que es más fácilmente ubicar dónde podemos ver transformadas a realidad las obligaciones de proteger, promover y garantizar (se aclara que con esto no se afirma su eficiencia), sino que sabemos a dónde ir para analizar su cumplimiento. Por ejemplo, la promoción de derechos humanos la identificamos en las campañas de difusión que buscan las sensibilización y mensaje sobre el tema, también la encontramos en la educación en los derechos humanos o la capacitación especializada al respecto. En cuanto a la protección, la entendemos en todas aquellas condiciones que crea el gobierno para dar certeza a la sociedad de que nadie violentará sus derechos. Por su parte, la obligación de garantizar la vemos en la materialización, mediante mecanismos y procesos, de los derechos de todas las personas.

Sin embargo, la obligación de respetar los derechos humanos por parte del Estado a veces no podemos ubicarla en el campo práctico, precisamente porque consiste en mayor medida en la no intervención u obstaculización por parte de éste. En pocas palabras, el respetar implica la obligatoriedad de no violentar los derechos humanos, ello puede concretarse mediante la reserva de actuación, o bien, por la acción, según sea el caso.

Para la CIDH (2019) el respetar es una obligación del estado que consiste en "no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho". Si entendemos lo que el respetar implica será fácil reconocer la relación que esta obligación tiene de manera directa con el derecho a la protesta social, pues precisamente la manifestación implica un ejercicio mediante la acción y movilización social, lo que involucraría que, en aras de respetar tal derecho, el Estado no obstaculizara dicha movilización o silenciara la voz colectiva que la identifica.

Con relación a lo anterior, podemos asegurar que el primer error y violación al derecho a la manifestación, es precisamente su impedimento, enseguida la represión de las mismas y un tercero en la impunidad ante la represión, es decir, el Estado tiene tres formas de vulnerar este derecho e incumplir su obligación: obstaculización, represión e impunidad, las dos primeras cuentan con mecanismos característicos, donde el límite entre una y otra a veces se dispersa por el fundamento juríco ambiguo que permite al Estado jugar en estas dos posturas coercitivas pero justificando su actuación. Esto último conlleva al tercer momento de la violación a este derecho, que se conecta con otros, que va desde la impunidad y la falta de acceso de justicia.

Iván Alvarado, protestas de Chile, 2019, Reuters

(https://elpais.com/elpais/2019/10/26/album/1572088158_397471.html#foto_gal_12)

 

Si partimos de este supuesto podemos aseverar que cada vez que el Estado no atienda a sus obligaciones respecto a los derechos humanos, la violación a estos se multiplica y diversifica, quedando en un papel el Estado no solo de incapaz de resolver la problemática, sino en una manifestación de la incompetencia que ocasiona una especie de onda expansiva de la problemática, que la potencializa y crear otras más.

 
 

Obstaculización y represión del Ejecutivo
 

Retomemos el fundamento de que toda la acción estatal parte de fuentes formales, para poder observar que el derecho a la manifestación, si bien está comprendido en nuestra Constitución, no se encuentra reconocido plenamente:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6).

Lo anterior nos deja dos conclusiones; una, más que reconocer y promover el derecho a la manifestación social, el artículo se enfoca en dotar al Estado de herramientas jurídicas para su intervención; dos, si bien no se ha profundizado en la protesta social como un derecho, sí se contempla ligado con el acceso a la información y el uso de tecnologías de la información.

En otras líneas del artículo constitucional mencionado, podemos encontrar más detallada la protección y garantía del derecho al acceso a la información, así como el uso de redes y telecomunicaciones. El derecho a la libertad de opinión podemos encontrarlo en al artículo 7°, que también es interdependiente al derecho a la protesta social, pero que no se encuentra clara esta relación en la redacción de dichos artículos, creando el problema de una interpretación ambigua.

Si ampliamos el análisis al marco internacional, encontramos que la CIDH (2015) planteó que precisamente el ejercicio de este derecho no debe atenerse a alguna autorización por las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización. En este tenor, los Estados que, en sus tres ámbitos de gobierno, contemplen situaciones similares están, además de obstaculizar este derecho criminalizan a las personas lo hacen valer.

Al adentramos en los reglamentos y leyes nos daremos cuenta de que una considerable cantidad de ayuntamientos y gobiernos estatales establecen que las personas deben solicitar un permiso para llevar a cabo la movilización, requerimiento que es totalmente contrario a la obligación de respeto al derecho de manifestación social por parte del Estado. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Acción de Anticonstitucionalidad 96/2014, determinó que la propuesta de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal (que suponía que las personas interesadas en realizar una protesta social debían de solicitar permiso y hacer de conocimiento previo a las autoridades correspondientes), abogara porque la protesta social conlleve los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión, además de reconocer la importancia del ejercicio de este derecho para el alcance de sociedades democráticas y la participación ciudadana en la esfera pública.

De esta manera existe un precedente legal en nuestro país para determinar que cualquier acción u omisión que afecte el desarrollo de una movilización social con carácter de manifestación o protesta por parte del Estado, además de inconstitucional, es una clara violación de derechos humanos por parte del ente obligado a protegerlos, promoverlos respetarlos y garantizarlos.

 

Ejército y Policía como agentes de represión
 

Con respecto al apartado anterior, pensar en la represión, y bajo el precepto de que el Estado en sí es una construcción de seres humanos para seres humanos, podemos determinar que las instituciones de reacción ante la criminalidad o situaciones de riesgo en nuestro país son las favoritas usadas por quien ostenta el poder ejecutivo para funciones represivas. Sabemos que las policías son entendidas como poder, institución y función, sin embargo, en un sentido de represión es mayormente recurrido como poder, pues precisamente los titulares de dichas instituciones las utilizan como un medio para ejercer la coerción.

Ante ello podemos asegurar que la policía no cumple con su cometido de proximidad social desde un paradigma de la seguridad ciudadana, que según el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una de las funciones policiales, para ir por completo en contra y servir más a los intereses individuales que colectivos.

 

Conclusiones
 

A partir de lo desarrollado y analizado, es claro que el tema se presta para una aproximación profunda en cada una de las aristas señaladas, después de lo cual se ha podido concluir que la protesta social es un derecho sí o sí, a pesar de la existencia de diversos prejuicios y estigmas a su alrededor. Con fines de visibilizar la falta de capacidad del Estado respecto a sus obligaciones ante los derechos humanos, es necesario que como sociedad tomemos conciencia que más que un problema o situación incómoda, la protesta es un medio que nos acerca a la democracia y un mecanismo de participación ciudadana, es su importancia tal como el ejercicio del derecho al voto, sobre todo como una demanda a lo establecido en los proyectos de campaña después del proceso electoral. Entonces, con independencia de los supuestos culturales o subjetivos que circunden en su concepto, la protesta debe ser considerada un derecho humano. Tal situación nos ayudará a descriminalizar su ejercicio y a quienes lo hacen válido, lo que disminuirá su represión, ya que ciertas personas de la sociedad están de acuerdo con la represión por parte del Estado en este derecho trascendental para la democracia.

Lo anterior ayudará a evitar la impunidad y la revictimización de quienes son objeto de la protesta y evitará nuevas víctimas que dan voz a la sociedad, específicamente la desaparición forzada y homicidio de las personas defensoras de derechos humanos, que muchas de las veces se involucran en la protesta social

Así, el derecho de exigir derechos debe normalizarse y promoverse, pues es una herramienta social que limita el poder del Estado y en el que la sociedad encuentra su fuerza y voz en la esfera pública, que tanto le es negada por el sistema creado por el Estado. La protesta social nos une como seres humanos, no solo muestra empatía, también enseña a la sociedad que el dolor por la pérdida de vidas humanas, desapariciones e injusticias es algo compartido, es un signo de que hay más víctimas y que a la sociedad le importan.

La protesta social vuelve político y público lo que pretenden se haga privado para evitar las consecuencias jurídicas y sociales que conlleva, da voz y presencia a las víctimas, o a aquello que no puede protegerse por sí mismo, lo cual nos hace más humanos. El unirse en movilización con un objetivo de justicia y exigencia de solución a problemáticas sociales fortalece el tejido social desde lo más profundo, para lograr una cohesión social; reconoce la diversidad, pero defendiéndola en lo colectivo. La protesta social restablece heridas y conforta ante las violencias que pretenden destruir a la sociedad.

Las actividades que involucren habitar el espacio público siempre aumentarán la importancia de la participación ciudadana y la conciencia colectiva, además de darle legitimidad a la protesta, el luchar o levantar la voz por la injusticia de otras personas nos hace seres humanos. La protesta social es esencialmente joven, la participación de las juventudes en la esfera pública permite cambios y lograr el objetivo de la movilización. Puede ser que todas las personas que conformamos la sociedad tengamos la capacidad de reconocer las violaciones a derechos humanos, pero son las juventudes las que no tienen miedo de cambiar al mundo, entonces, debemos fortalecerlas, creer, aprender de ellas, pero sobre todo reconocer su liderazgo.

Del mismo modo, ya sea por necesidad de soportar medidas más represivas por parte del Estado o por mera innovación, la protesta también ha evolucionado y encontrado medios en la globalización, se trata de las tecnologías digitales. Existen experiencias donde su utilización ha servido para la persecución, represión o difamación de movimientos de protesta social, pero existen otros donde los medios digitales fueron un apoyo crucial para las movilizaciones.

Los medios digitales no son la democracia en sí, pero pueden ser un canal que la favorezca mediante la construcción de canales de participación ciudadana, difusión de información no amarillista, así como el reconocimiento social de abusos de poder y violaciones a derechos humanos. El reto precisamente reside en democratizar el uso de dichas tecnologías al disminuir la brecha digital y tecnológica, con el fin de que más personas puedan ser incluidas en el espacio público llevado a las redes, solo así podríamos hablar de una esfera pública digital, donde la representación de todas las personas sea certera y adecuada.

Al ser la protesta social un derecho humano que los Estados están obligados a proteger, respetar, promover y garantizar, es preciso que se entienda que el primer momento donde el Estado debe hacer su función es en la no obstaculización de la misma, esto se traduce en que no deben existir elementos jurídicos que impidan su desarrollo, lo cual sería anticonstitucional, pues a pesar de que el Estado mexicano no lo aborde completamente en su Constitución Política, es reconocido por organismos internacionales y nacionales en la materia, por tanto, cualquier intento normativo del Estado para su control e impedimento es a todas luces una violación flagrante a este derecho.

El segundo momento que debemos tener claro respecto a la violación del derecho a la protesta social es en su represión. La protesta pacífica pareciera ser una condicionante, lo que deja una alternativa donde el Estado justifica la acción represiva ante el movimiento de protesta social, es decir, puede ocurrir en una protesta que ciertas personas realicen daños a la propiedad del Estado, sin embargo, al momento de la represión esto se utiliza como justificación para coaccionar a todo el grupo.

La represión no debe justificarse en ningún momento, es necesario fortalecer los protocolos y capacitación policial, así como el marco jurídico y normativo que permita al Estado conocer sus límites, pues la mayoría de dichos instrumentos se enfocan más en dejarle claro sus condiciones y limites a las personas que ejercen el derecho a la protesta social. Lo anterior evitará que el Estado haga uso de las instituciones que tienen como objetivo la protección de la ciudadanía y la paz social, como un brazo armado para ejercer su poder y coerción ante la sociedad y, sobre todo, a aquellas personas que el estado determina como amenazas pues protestan en su contra.

En tal sentido, las policías deben capacitarse y sensibilizarse en el tema, pues precisamente es su obligación ante los derechos humanos. La represión es una revictimización del Estado, porque este en un primer momento no fue capaz de solucionar una problemática y en segundo reprime la exigencia de la sociedad ante su incapacidad.

Finalmente, un tercer momento en que el Estado atenta contra el derecho a la protesta social es con la impunidad una vez ocurrida, la cual multiplica la violación de derechos humanos, agrava la problemática inicial y aumenta el descontento, inconformidad y sensación de injusticia.

Para concluir este trabajo, apuntemos que la protesta social sigue siendo un tema del que no se quiere hablar abiertamente, tenemos prejuicios y estereotipos no solo en la movilización, también para las personas involucradas en estos procesos. Es ilógico pensar en que como sociedad nos inconformamos por problemas sociales que nos aquejan, pero criminalizamos la exigencia que se hace al Estado. Nuestro país se caracteriza por un sistema democrático representativo con miras a lograr una democracia participativa, lo cual conlleva a una mayor participación ciudadana y esta puede ser llevada a cabo de distintas formas, una de ellas es el ejercicio del derecho a la protesta social, en esta pueden participar todas las personas que conforman la sociedad, además de ser un movimiento que permite a los individuos hacer suyo el espacio público y tomar una consciencia social que tiene como base el reconocimiento en la diversidad, así como la defensa colectiva de esta.

22/07/2021

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