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EL ROL DEL ESTADO COMO GARANTE DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

  por Joaquín E. Bousoño

Un derecho tan básico como el de la vivienda digna, se ve constantemente vulnerado por medidas que se toman para favorecer - la mayoría de las veces- a la industria inmobiliaria privada. ¿Qué puede y debe hacer el Estado al respecto?

El derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido en la Constitución de numerosos países y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por ellos.

 

El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad. No debe interpretarse esto exclusivamente como el refugio que brinda el solo hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.

 

El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo; cabe centrarse en los grupos más vulnerables y marginados para que puedan aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada. Estas medidas incluyen la intervención de los gobiernos en el plano legislativo, administrativo y de políticas o de prioridades de gastos, pues el Estado puede disponer de créditos blandos a muy largo plazo para cumplir su deber constitucional.

 

En determinados casos, el Estado debe proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por situaciones críticas.

 

El derecho a una vivienda digna exige, no sólo que la estructura de la casa debe ser adecuada, sino que debe haber también un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, tiene que existir el acceso al agua potable, a la energía, la calefacción, el alumbrado, etc.

 

En particular, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas que viven en las calles, el aumento del número de asentamientos, barrios precarios y de emergencia, y (la quizás más silenciosa) inquilinización de las ciudades y dificultad para acceder a la propiedad.

 

Entonces, el Estado debe garantizar el acceso a una vivienda adecuada en condiciones de igualdad reglamentando reglamentando las tratados internacionales que así lo ordenan, y promover políticas habitacionales integrales. En contextos de crisis, también tienen que adoptarse medidas para garantizar que los gastos de vivienda sean adecuados con los niveles de ingreso, subsidiando los servicios públicos y tender a una renta universal garantizada.

 

Actualidad

 

La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de América Latina y el Caribe.

 

Con la finalidad de formular objetivos orientados a la solución de la insuficiencia de viviendas, se utiliza el déficit habitacional, cifra que busca sintetizar las deficiencias en vivienda y hábitat. El déficit cubre desde la ausencia total de vivienda a la ausencia de condiciones que aseguren una vida digna. El déficit habitacional guía programas públicos y de financiamiento de organismos multilaterales.

 

En 2011 la CEPAL lo cuantificó en 22.7 millones de unidades. Pero esta cifra puede incrementarse o disminuirse, en la medida en que se incorporen parámetros de seguridad, salubridad y calidad de vida más o menos rigurosos.

 

América Latina y el Caribe tiene una de las tasas de urbanización más altas del mundo. Entre el 2000 y 2030, la población urbana de América Latina y el Caribe aumentará de 394 millones a 609 millones.

 

Según el Relator Especial de Vivienda para Hábitat ONU, entre los años 1990 y 2000, el déficit de vivienda en América Latina aumentó de 38 a 52 millones de viviendas. Este es en parte causado por la disminución del gasto público en vivienda social en ciertos países de la región.

 

Sin embargo, hablar del ?déficit? de viviendas en América Latina, quiere decir que muchas personas tienen donde vivir, pero carecen de elementos como tenencia legal de la tierra, espacio suficiente y acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillados y salud, para vivir seguras y en paz.

 

Según datos publicados durante la XVI Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de América Latina y el Caribe en 2007, apenas el 60 por ciento de las familias en la región posee viviendas adecuadas. Por otro lado, el 22 por ciento vive en habitaciones que requieren mejoras y el 18 por ciento necesita casa nueva.

 

¿Cómo se vive en América Latina??

 

Entre el 50 y el 60% del total de lo que se consideran nuevas viviendas en las mayores ciudades de la región, son informales. Esto significa que más de la mitad de nuevos espacios habitacionales no fueron proyectos de urbanización planificados sino estructuras improvisadas construidas -la mayoría de las veces por sus mismos propietarios- en terrenos de invasión o sin las licencias respectivas, pero que posteriormente han sido ?normalizadas? por las administraciones locales como polígonos de asentamientos al otorgarles servicios públicos domiciliarios de agua y electricidad, por ejemplo.

 

¿Y cómo se les llama?

 

Son viviendas informales pero a estos espacios se les llama de una forma específica en América Latina que varía según países, por ejemplo:

 

Mientras que en Brasil son conocidos como las archi-famosas favelas, en Venezuela barrios y la gente vive en ranchos. Son las mismas villas miseria de Buenos Aires, Argentina; los cantegriles en Montevideo, Uruguay, los campamentos o callampadas de Valparaíso en Chile, o los pueblos jóvenes de Lima, Perú. Hasta el Banco Mundial les tiene apodo: los tugurios.

 

Como vemos, en cada país, las barriadas de la pobreza reciben un nombre, pero el escenario es siempre el mismo: hacinamiento, pobreza, exclusión social? que se repite en un círculo sin fin.

 

DATO: De los 588 millones de habitantes en América Latina, 110 millones vive en estos asentamientos informales. O sea, un promedio de 23 personas por cada 100.

 

Frente a esta problemática histórica, es deber del Estado diseñar políticas activas que les hagan frente y logren lentamente bajar estos índices. Hacen falta herramientas que permitan intervenir con mayor celeridad y flexibilidad.

 

Un problema de esta escala no se resuelve con mecanismos individuales. Es necesario construir un programa con medidas específicas para abordar las distintas dimensiones del problema, con un horizonte de mediano plazo.

06/04/2021

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