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ACOSO SEXUAL EN GUANAJUATO

  por Liliana Aguilera Padilla y Daniel Lanuza Rodé

 

 

I.       EL PROBLEMA

 

1.1.  Contexto sobre violencia contra la mujer

 

Desde hace 20 años, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con la intención de volver visible la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y el de exigir a los Gobiernos la implementación de mecanismos y estrategias que hagan posible su prevención, atención y eliminación. Sí bien, aunque este movimiento de carácter feminista inició en 1981 como consecuencia del brutal asesinato de las hermanas Mirabal (Las Mariposas) en Ojo de Agua de la República Dominicana, debido al carácter de activistas que en 1960 se habían opuesto rigurosamente a la sanguinaria dictadura del militar R. Leónidas Trujillo (1930-1961); no fue sino hasta el 2000 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución que designaba que cada 25 de noviembre se realizaría de manera oficial entre los Estados pertenecientes a la ONU, la conmemoración con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos, organizaciones y sociedad en general a crear conciencia y a establecer acciones que permitan poner fin a esta muy importante problemática (ONU, 2020)

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en su resolución de 1999: 54/134, define por violencia contra la mujer: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada; con esta resolución se exhorta a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) a llevar a cabo actividades dirigidas a la sensibilización de la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.

 

De acuerdo con los análisis comparados de corte internacional que señala la ONU en su materia legislativa para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU, 2019), el acoso sexual en la vía pública y el hostigamiento son actos de violencia que discriminan a las mujeres, generando daños irreparables o sufrimientos físicos, sexual y/o psicológico a través de las insinuaciones, comentarios sobre la apariencia del cuerpo, silbidos, piropos, comentarios de doble sentido, exhibición pornográfica, exhibición de los órganos sexuales, gestos y miradas lascivas, exigencias sexuales, roces, manoseos, apretones, pellizcos y empujones y otras conductas poco sociales. Estas manifestaciones de violencia se caracterizan por ocurrir en el espacio público, en ese lugar físico a donde todas las personas tienen acceso y que, la única norma que puede regular su circulación libre es el BPBG; ya que en dicho cuerpo normativo se incluyen las reglas básicas de convivencia social entre las personas.


La recomendación general que hace la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1992), la número 19, define el acoso sexual como el comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o, de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio de trabajo hostil.


La directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo (PE) señala que [el acoso sexual] la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.


Según la Universidad de Costa Rica (UCR, 2019), los tipos de acoso sexual recurrentes son: los silbidos, piropos, palabras vulgares con intenciones sexuales, tocamientos, exhibicionismo, impedir el paso o perseguir con intensiones sexuales; entre otras. Bajo esta condición, Costa Rica inició la primera campaña de América Latina (INAMU, 2019) contra la conducta descrita.

 

 

1.2.  Contexto en cifras

 

Algunos datos locales que revelan la urgente necesidad de combatir la violencia contra las mujeres: el municipio de Guanajuato tiene 184,239 habitantes según el INEGI (2015), prácticamente la mitad son hombres y mujeres (51% y 49% respectivamente). Aunado a lo anterior, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC, 2019) del gobierno local, en los últimos siete años, se han recibido en el 911, un aproximado de 15 llamadas por semana reportando casos de violencia contra la mujer; en el mismo sentido la autoridad de investigación, la Fiscalía General del Estado inició 116 carpetas por la misma problemática; el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) procesó 14 casos por acoso y 10 por hostigamiento en el mismo periodo; y la Universidad de Guanajuato, declaró 24 casos entre el 2016 y el 2019 en sus aulas (Espinosa, 2019).

 

En el Estado de Guanajuato, según la Agencia de Investigación Criminal (ACI) de la Fiscalía General del Estado, existen 600 denuncias acumuladas del 2015 al 2018, ello a razón de 17 denuncias mensuales. Es en este sentido que se detecta que Guanajuato está dentro de los 5 estados del país de mayor violencia contra mujer.

 

En México, según el INEGI, en el 2018, 40,303 mujeres sufrieron algún tipo de violación sexual. En el 2019, 19.2 millones de mexicanas habían sido sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. Aproximadamente, el 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario. Por cada 9 delitos sexuales cometidos contra la mujer, hay 1 delito sexual cometido contra el hombre.

 

México es de los países con niveles más altos de violencia de género en América, pues el 46% de las mujeres en este país admiten haber sido víctimas de acoso sexual mientras que en Canadá no se llega ni a la mitad del reclamo por acoso (16%), así lo reveló el estudio hecho por Brain y Win-Gallup International (2018). La encuesta para este estudio fue realizada en diciembre de 2017 a mujeres mayores de 17 años, en 11 países del continente americano: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú, Panamá y Paraguay. En cuanto al "acoso sexual", el estudio revela que el 29% de las mujeres encuestadas reconocieron haber padecido algún tipo de situación de estas características en el último año, en ámbitos como el trabajo, el lugar de estudio u otros lugares (Aristegui, 2018).

 

De acuerdo con Sandra Quintero (2020) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENAP), describe en su análisis aplicado en universidades del país (púbico y privadas) que del 2015 al 2018 hubo un incremento totalizado de 667 casos de acoso sexual bajo carpetas de investigación aperturadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, no obstante al incremento, ha habido una reducción sustantiva del 40%: 212 (2015) a 128 (2018) casos en tres años con tendencia a la baja; en cuanto al hostigamiento sexual en el mismo periodo, de 34 a 22 casos con carpetas de investigación, con un 35% a la baja; ello debido, posiblemente, al incremento de sanciones y de mecanismos para reducir el acoso, a través de la procuración de los derechos del estudiante y, aun así falta mucho por hacer. Sin embargo, en el mismo estudio, se revelan cifras que reportan que los mayores porcentajes los tiene Ciudad de México (CdMx) en el mismo periodo: de 33 a 312 casos, es decir, un incremento exponencial del orden de 89%, teniendo una cifra totalizadora de 734 casos, 67 casos más que Guanajuato, lo que significa que proporcionalmente en el estado de Guanajuato, se tiene mayor número de casos que en CdMx, existiendo apenas un 9% de diferencia entre ambas entidades federativas.

 

1.3.  Contexto de Guanajuato

 

La Universidad de Guanajuato (UGTO, 2016), informa que en el municipio (urbano y rural) hay casi un 23% de jóvenes de 18 a 29 años, ello en atención a la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato (IMUG, 2019); en el municipio, de acuerdo con ese estudio del 2016 que hizo la UGTO, en materia de violencia, -dice el informe-: casi 6 de cada 10 mujeres son menores de 18 (INEGI, 2015) y confirmó en el Informe: 24 casos de violencia contra la mujer entre el 2016 y el 2019 (Espinosa, 2019); por lo que el combate del acoso sexual callejero significa poner un alto al incremento de la violencia de género desde su manifestación más básica, como son los comentarios y actos inapropiados de carácter sexual, que una persona puede sufrir en espacios públicos, hasta los feminicidios.

 

No se trata únicamente de reprimir y castigar el acoso sexual, sino de crear conciencia social tanto de los agresores como de la sociedad en general, para tener en cuenta que todas las personas merecen respeto y desarrollarse en espacios seguros y libres de violencia, por lo que estas conductas además de resultar muy violentas e incómodas, "aunque el acosador no lo crea", también atentan contra la dignidad de la persona agredida.

 

De acuerdo con las instancias competentes y por el reclamo urgente de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Guanajuato (2018-2021) puso en marcha un programa denominado: intervención social para reducir el "acoso sexual callejero", alineado a los instrumentos de planeación que, de manera ya inaplazable interviene con argumentos de bienestar social que deben definirse por medio de programas gubernamentales. La disfuncionalidad familiar, la carencia de valores sociales, la incultura educativa y de vandalismo callejero son hipótesis de trabajo por las manifestaciones expresadas y que, revelan un incremento sostenido porcentual de conductas antisociales.

 

II.    EL DEBATE HISTÓRICO

 

2.1.  Violencia estructural y simbólica: esencia de la reforma

 

El filósofo y ensayista argentino J. P. Feinmann (2019) reflexiona sobre la posición de la mujer como mercancía masculina, y sobre el cómo y el por qué el hombre (varón) ha llegado a desearla al grado de ser una necesidad, como un "objeto" impuesto. Dice:

 

Existe una violencia estructural que está detrás de las prácticas comunes y de los ejercicios coactivos más visibles. En esta cuestión de la división sexual, donde lo biológico queda atezado por significaciones sociales, es preciso poner atención sobre el cómo la división de las cosas y de las actividades (sexuales o no) de acuerdo con la oposición entre lo masculino y lo femenino recibe su necesidad objetiva y subjetiva de su inserción en un sistema de oposiciones homologas, alto/bajo, arriba/abajo, delante/detrás, derecha/izquierda, recto/curvo (oblicuo) (y pérfido), seco/húmedo, duro/blando, sazonado/soso, claro/oscuro, fuera (público)/dentro(privado), etc., que, para algunos, corresponden a unos movimientos del cuerpo (alto/ bajo // subir/bajar, fuera/dentro // salir/entrar). Al ser parecidas en la diferencia, estas oposiciones suelen ser lo suficientemente concordantes para apoyarse mutuamente en y a través del juego inagotable de las transferencias prácticas y de las metáforas, y suficientemente divergentes para conferir a cada una de ellas una especie de densidad semántica originada por la sobre determinación de afinidades, connotaciones y correspondencias.

 

Así, las significaciones espontaneas de la cotidiana están investidas de rasgos previamente estructurados, sobre lo masculino y lo femenino: como se tienen que hacer las cosas, que va a arriba o abajo, que colores usar, que tipo de ropa y color; en suma, esta fuerza simbólica se cristaliza especialmente en el qué y cómo debe desear tanto el varón como la mujer.

 

En un universo simbolizado donde las principales instituciones sociales como el Estado, la escuela y la familia, son estructurados y a su vez restructuran contenido referente a la adecuación tóxica masculina; es necesario preguntarse sobre, cómo las instancias encargadas de crear productos culturales como son el cine, la radio, la televisión y las redes; fabrican contenido mediático tendiente a producir violencia simbólica entre hombres y mujeres de manera ordinaria y general.

 

En este sentido preciso es posible abordar otra de las perspectivas teóricas sobre la violencia simbólica hacia las mujeres por parte de los varones, puesto que al faltar la prohibición de la norma sobre el objeto construido del deseo (mujer codificada), la búsqueda masculina se aproxima excesivamente a su obtención, por consiguiente, aun antes de que se pueda oponer una resistencia al mandato restrictivo de la mujer y su cosificación, este a su vez instiga a superarlo, a ir más lejos en la búsqueda de las satisfacciones.

 

2.2.  La reforma

 

Uno de los documentos rectores más cercanos a la población que vive y habita en los municipios, es el Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual, es la norma municipal con la que más estrechamente se identifican las acciones más comunes de gobernantes y gobernados, incluso probablemente contenga una idea normativa de la gobernanza esperada, con todos los frutos y consecuencias que implica su aplicación y respeto, de conformidad con el principio de legalidad establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

 

En general, se hace indispensable la reforma y la creación de los nuevos referentes legales y reglamentarios municipales, a fin de estar a tono con las nuevas modalidades de organización y gobernabilidad que exigen los avances democráticos generalizados en el país; por lo que, en abril de 2019, en el municipio de Guanajuato, se inició el proceso de reforma al Reglamento Bando de Policía y Buen Gobierno (BPBG) mediante la iniciativa presentada por oficio con la motivación legal, social y política para que la Comisión de Equidad de Género turnara a la Comisión de Asuntos Legislativos del Ayuntamiento y así, en su caso, fuera aprobada la iniciativa de reforma al citado BPBG en comento. Fue en enero del 2020, después de casi nueve meses de debate en la materia, que el Pleno aprobó la reforma al Reglamento y establece la conducta de "lasciva (sic)" en la vía pública y la convierte en falta administrativa.

 

De manera inédita, el gobierno municipal de Guanajuato tiene una agenda de trabajo con perspectiva de género, con la intención de impulsar la igualdad y promover un municipio seguro y libre de actos de violencia contra la mujer, intención que se impactó mediante una reforma aprobada, bajo justificación y motivación integrada por la dependencia municipal en materia de atención las mujeres, con la que después de 8 meses de debate político y de ciudadanización social que, en la capital del estado homónimo, se aprobó que se estableciera a partir de enero del 2020, que el acoso sexual está definido como conducta no social y -dice la reforma-: quien incurra en actos contra la integridad de las mujeres, recibirá una multa económica, y además, tendrá que tomar un curso de reeducación a través de la Dirección General de Atención a las Mujeres; (artículos 23 y 36) del BPBG.

 

En los últimos dos años, Guanajuato se ha convertido en un gobierno local a la vanguardia en la construcción de políticas públicas para la promoción de la igualdad de género y combate contra la violencia contra las mujeres, situación que fue reconocida por el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) en noviembre de 2020. Lo mismo, en cuanto a ser el primer municipio del Estado de Guanajuato que se certifica en la NMX-R-025-SCFI-2015 (Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación).

 

2.3.  El modelo de intervención social

 

La "intervención social" diseñada es innovadora por su arranque y puesta en marcha, desde la atención del conflicto humano en el sistema social (Talcott, 1976), convirtiéndose en un proceso ajustable de un programa que reúne componentes básicos desde el reconocimiento de la víctima, del sujeto que acosa, del espacio público; del cotejo de bases de datos e información en SSC, revisión de los datos sociodemográficos de ambos actores humanos, integración de expediente bajo formato, puesta a disposición de la autoridad competente, aplicación de sanción por juez calificador, hasta el taller de reeducación recibido por el sujeto; según el BPBG (artículos 36, fracciones del V, VI  y VII; 37, fracción IV, párrafo 3).

 

El modelo propuesto podría presentar dos problemas. 1).- el conflicto dentro del sistema social que puede surgir una realidad desde cualquier punto relacional, y no simplemente de la dicotomía sistema/mundo de la vida. 2).- el relacionar el modelo de sistema/mundo de la vida a un tipo de liberación por la conducta dada, lo que plantearía la utopía de que el conflicto está potencialmente resuelto como solución final, generándose la confusión de la naturaleza del conflicto sistémico.

 

No por ello, no ha habido reducción en el conflicto, los resultados al momento de este informe, es que se ha logrado una ligera reducción, de 2.08 a 0.75, lo que es un avance experiencial y novedoso. Ver tabla 1.

El proceso administrativo del modelo se conforma en:

 

a)     Etapa primera: análisis e investigación demográfica y geográfica. En esta etapa se celebra un derecho de audiencia que puede comenzar desde la denuncia hasta la detención para continuar con la formulación de la imputación por la conducta detectada.

b)    Etapa segunda: preparación de los actores producto de la primera y se admiten pruebas para expediente; y

c)     Etapa tercera: la puesta ante la autoridad para ser calificado, que inicia con el debate, donde se desahogan las pruebas y cierra con la sanción impuesta por la instancia calificadora.

d)    Etapa cuarta: concluye con una evaluación que contiene los resultados del taller que hace referencia el BPBG y éste es entregado como expediente con seguimiento a infractor y ofendido. Tales prácticas dibujan un programa como modelo no concluido ya que, en este municipio, es la primera vez que se implementa un modelo-programa-proceso para proteger a víctimas del "acoso sexual callejero" con políticas definidas por ordenamiento, bajo proceso administrativo contenidos en un programa de trabajo de la DGAM; además éste, forma parte del continuum de las políticas públicas diseñadas por el gobierno municipal que, de manera novedosa arrancó sobre la base de la urgencia de atender el problema social y de la observación institucional, haciéndose notar que, no había ningún sustrato gubernamental para intervenir.

 

Bajo esta óptica se establece un modelo inductivo a prueba de ensayo-error que contiene las nociones para la intervención social:

 

a)     La ontología de la realidad social en Guanajuato: hacer un reconocimiento demográfico de la antropología social del municipio bajo cifras y secciones geográficas, a nivel de AGEB.

b)    La idea epistemológica: ¿Qué relación hay entre el gobierno municipal y los sujetos afectados y víctimas de la naturaleza del problema? La responsabilidad pública del gobierno de proximidad para atender los problemas que aquejan a la sociedad.

c)     La axiología de la DGAM como ente público: las facultades y atribuciones que tiene la dependencia responsable de atender los problemas sociales y los grupos vulnerables, bajo enfoque de género y de las políticas de perspectivas.

d)    La metodología de trabajo: la integración de las evidencias y su relación en cada una de las etapas del proceso de intervención. El curso para detenidos por "acoso sexual callejero" es psicoeducativo. El objetivo del curso es: generar un espacio de reflexión dirigido a la reeducación de las personas generadoras de este tipo de violencia de género, así como del impacto que deviene con esta forma de agresión; entendiendo el acoso callejero como una conducta que violenta y transgrede emocionalmente a las mujeres, que genera experiencias desagradables y detona sensaciones negativas en las víctimas.

 

Los temas psicoeducativos son:

 

1.     Mitos y realidades de la violencia contra las mujeres.

2.     La cultura machista.

3.     La violencia contra las mujeres como un problema social.

4.     La violencia contra las mujeres en los espacios públicos e institucionales.

5.     Derechos humanos de las mujeres y el ejercicio de los mismos.

6.     El acoso callejero como una de las formas de violencia más normalizadas en el entorno social.

7.     Estrategias de autocontrol y autorregulación.

 

 

 

 

2.4.  Guanajuato Lean Governance

 

Los municipios deben tener la capacidad para determinar de manera autónoma y responsable las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y, especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades.

 

Considerando las cifras del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2019), del INEGI (2015), así como de los indicadores del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y fuentes primarias para sostener un programa de intervención social; la Dirección General de Atención a las Mujeres (DGAM), desde el 2019 a la fecha, ha estado impulsando una serie de acciones, relativas al bienestar social, en un proceso de "desarrollo humano socialmente responsable", de frente al "acoso sexual callejero" en la vía pública.

 

El eje central de las acciones responde al alto impacto de la vida comunitaria; por lo que fue necesaria la reforma a los artículos 23, 36, 37 y 38 del Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno (2020) que invocan la capacitación y tipifica la conducta con sanción; de esta manera, es que se ha capacitado al personal en temas de: ¿Qué ocurre en nuestro municipio? Formas, causas y mitos del "acoso sexual callejero" desde la ciencia social y psicológica. ¿Qué es acoso, hostigamiento y otras formas de conductas antisociales? y los procedimientos para sanciones; además de construir el programa que contenga la información base que incluye las UMA como sanciones pecuniarias, arresto y el "taller" que deberá tomar el sujeto infraccionado por su conducta (art. 37 del BPBG).

 

De manera general la DGAM, ha gestionado la oferta de pláticas, cursos, talleres y ponencias a grupos vulnerables, esencialmente a mujeres jóvenes, adolescentes, niñas y a grupos en condiciones severas de marginación. Desde el punto de vista organizacional, la DGAM se integró al gabinete legal por Reglamento Orgánico (ROAPM, 2019), en el artículo 71; con funciones para atender específicamente a las víctimas. Además, con presupuesto (PbR) aprobado bajo el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

 

2.5.  Política pública contra la lascivia: acoso sexual en el espacio público

 

En México, el 27% de las mujeres han sufrido en algún momento de "acoso callejero", según el INEGI (2020) ya lo incluye en su encuesta nacional de percepción de la seguridad (ENSU, 2020). Lo que ha provocado, de manera todavía incipiente, de lineamientos en municipios del país y, Guanajuato se adelanta con la reforma a su BPBG como medida precautoria, protegiendo a las ofendidas, sin dejar de lado, a las masculinidades en las condiciones de los Tratados Internacionales. Se emprenden acciones en Guanajuato para reducir las fracturas sociales debido al acoso, se diseñó el programa de intervención. A partir de las apremiantes denuncias al 911 o por terceros o por redes sociales; la "intervención social" diseñada, es innovadora, desde la atención del conflicto humano en el sistema social (Talcott, 1976), convirtiéndose en un proceso ajustable de un programa que reúne componentes básicos desde el reconocimiento de la víctima, del sujeto que acosa, del espacio público; del cotejo de bases de datos e información en SSC, revisión de los datos sociodemográficos de ambos actores humanos, integración de expediente bajo formato, puesta a disposición de la autoridad competente, aplicación de sanción por juez calificador, hasta la prevención de estas conductas a través del taller de reeducación recibido por el sujeto; según el BPBG (art. 37, fracciones del I al IV; y párrafo 3).

 

 

III.            CONCLUSIONES

La política de reducir el "acoso sexual" de 2.08 a 0.75 por cada 100 personas (Tabla 1) y con ello la violencia e inseguridad, la DGAM, le ha implicado un replanteamiento a la forma de "intervenir" ya de modo inaplazable, por lo que ha diseñado una política pública (PP) con perspectiva de género; partiendo del modelo de Eugene Bardach (2008) y de Talcott Parsons (1976) que permiten sistematizar desde la urdimbre social hasta la motivación del agente actuante del sistema social (Talcott, 1976). Es decir, en el diseño de PP: desde la identificación del problema hasta el informe (Bardach, 2008).

 

Para disminuir ese 125%, de acuerdo con Strauss et. al. (2002), el empirismo acumulado y las referencias de las autoridades relacionadas con las víctimas del "acoso sexual", se requiere de evidencias para integrar los pasos que dan cuenta de la intervención social y de su manejo interinstitucional, asumiendo un "sistema social" según la teoría de Parsons (1976). Los casos detectados por la DGAM son analizados colegiadamente con la SSC, para definir desde el problema hasta la intervención social de las personas motivo del "acoso sexual callejero", siguiendo la lógica de Bardach (2008). Los puntos de partida: sociodemografía, geografía, vigilancia normativa, sanción aplicable (UMA), reincidencia administrativa y reinserción social, en atención con los Códigos en la materia.

 

Finalmente, se tienen expedientes personales, sin descuido de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Terceros (LPDPPT) y de los indicadores de referencia descritos en los Informes Trimestrales generados por la Fiscalía General (FGE) y por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas del Estado. Una vez cumplido con lo anterior, la DGAM integra de manera trimestral un Informe que entera a las comisiones de Equidad y Género y Seguridad, respectivamente.

 

 


 




 

09/12/2020

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